AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE
LA INFANCIA Y JUVENTUD
VULNERADA A NIVEL NACIONALY DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”,
01 de diciembre de 2017
Auditorio Los Avellanos
Universidad de La Frontera
organizaDO POR EL
Centro de investigación en desarrollo
infanto juvenil, EL Observatorio sobre infancia y juventud, EL Departamento de
Ciencias Sociales, DE LA Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades
Y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, Universidad
de La Frontera. ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DE UN CICLO
DE COLOQUIOS INICIADO EL AÑO 2014, SOBRE LA problemáticas DE la infancia y
juventud en chile y la araucania.
EL OBJETIVO ES DESARROLLAR
UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE ACADÉMICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DISCIPLINARIOS Y FACULTADES, DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA; REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TIENEN
RESPONSABILIDAD E INTERÉS EN LA MATERIA, COMO SENAME, SENDA, MINISTERIO DEL
INTERIOR, JUNJI; ORGANISMOS COLABORADORES DEL SENAME, ONGS, TRIBUNALES DE
FAMILIA, SEREMIAS DE SALUD, ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS, POLÍTICOS Y OTROS QUE INVESTIGAN, PROTEGEN, LEGISLAN, O DESARROLLAN
PROGRAMAS RELACIONADOS CON PROBLEMÁTICAS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
VULNERABLES. TAMBIÉN ES EXTENSIVO A ESTUDIANTES DE PRE Y
POSTGRADO CON PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TESIS EN EL ÁREA, ADEMÁS DE INVITADOS
DE OTRAS UNIVERSIDADES REGIONALES Y DEL RESTO DEL PAÍS.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Debatir acerca de los “Avances y desafíos de la protección de la infancia y juventud vulnerada a nivel nacional y de la región de La Araucanía” en el marco de la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un año después del III Coloquio sobre Infancia y Juventud institucionalizadas, desarrollado en la UFRO en Noviembre de 2016.
2. Analizar los desafíos de la institucionalidad y de la sociedad civil en torno a generar condiciones de efectiva inclusión social de los niños y jóvenes que han crecido internos en organizaciones colaboradoras del SENAME.
FUNDAMENTOS:
En Chile, recién en el s. XX se les reconoció a los niños y jóvenes como sujetos pleno de derechos, pero muchos de aquellos que provienen de extrema pobreza, o de situaciones familiares de disfuncionalidad, han recibido medidas de protección que en los hechos, en muchos casos, se han trasformado en largas institucionalizaciones, que no sólo los han privado de tener un entorno familiar, con referentes adultos significativos que les permitan satisfacer de manera integrada sus necesidades de desarrollo evolutivo, sino que, paradojalmente, los ha expuesto a nuevas y graves vulneraciones en sus derechos.
En efecto, es un hecho reiteradamente denunciado que la vida institucionalizada crea condiciones de riesgo para que un porcentaje importante de niños y niñas deriven hacia trayectorias de desadaptación social que pueden culminar en comportamiento delictivo, en consumo problemático de drogas o bajo control de impulsos.
La evidencia es contundente para demostrar que la actuación de los programas así como de las instituciones que los ejecutan tiene graves efectos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades, por vivir en contextos de desventaja social. Tienen efectos negativos en sus trayectorias de vidas, así como también en sus familias, si no se garantiza la protección de derechos y no se generan condiciones que satisfagan las necesidades propias del desarrollo evolutivo así como las particularidades de los problemas que se atienden.
En nuestro país, aún se carece de un sistema integral de protección de la infancia, así como de un sistema efectivo de atención y tratamiento de aquellos niños y jóvenes que presentan dificultades de mayor complejidad. Es por esto que cada cierto tiempo la opinión pública se ve conmovida por sucesos de alto dramatismo que afectan la integridad e incluso la vida de niños y adolescentes atendidos por instituciones que se supone existen para protegerlos.
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo de Estado que tiene por misión contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados y a la inserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, sin embargo los resultados no son alentadores si, por ejemplo, se considera lo carentes que son al momento de ser egresados de ese mismo sistema o la alta proporción que hay de ellos en el sistema de cumplimiento penitenciario.
Lograr la inclusión social de la niñez y juventud vulneradas, así como su pleno desarrollo plantea un gran desafío a la sociedad y al Estado chileno en su conjunto, pero aún mayor es el desafío para lograr la rehabilitación y reinserción de quienes han sido atropellados en sus derechos por abandono familiar, violencia física o emocional y abuso sexual, ya que muchas veces derivan hacia conductas antisociales. Pero la precaria capacidad del actual modelo de desarrollo de distribuir oportunidades en forma equitativa y niveles de vida con seguridad humana, así como de alcanzar la reinserción social de la niñez y juventud vulneradas, plantean un desafío a la Academia a indagar y hacer propuestas para superar el riesgo social que produce el actual sistema.
Surge entonces la necesidad de un debate académico y profesional sobre las estrategias más adecuadas para proteger y promover los derechos de la niñez y juventud cuyos derechos han sido vulneradas, instancia en la que deben participar las instituciones públicas y privadas vinculadas con esta temática, pero incorporando también los valiosos testimonios de quienes han pasado o sido víctimas de este sistema de protección.
En nuestra Universidad, existen académicos que vienen desarrollando diferentes iniciativas tanto en el plano de la investigación, docencia y extensión en materias afines a las problemáticas del desarrollo infanto juvenil, sin embargo el desarrollo de éstas aparecen aún dispersas sin lograr una articulación que permita una proyección interna y externa de los avances logrados. De allí que este proyecto plantee tanto el intercambio interno como externo, así como la generación de un espacio capaz de construir propuestas en esta materia que puedan ser compartidas con los organismos competente
2.2 DESTINATARIOS
1. Grupo de académicos de la universidad de La Frontera que forman parte del Centro de Investigación en desarrollo infanto juvenil.
2. Entidades públicas y privadas que tienen responsabilidad e interés en la materia: Tribunales de Familia, SENAME, SENDA, Ministerio del Interior, JUNJI, organismos colaboradores del SENAME, OPD de Municipalidades, Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros.
3. Estudiantes de pre y postgrado con prácticas profesionales y tesis en el área
4. Invitados de otras universidades regionales y del resto del país
OTROS
Medios de Comunicación, parlamentarios regionales, público interesado.
“AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD VULNERADA EN SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
Erika Fuentealba y Uberlinda Parra, son ex usuarias del Sistema de Protección de a Infancia SENAME, y conforman actualmente la agrupación Fénix, con 500 miembros aproximadamente. Su lema es: “nacer de las cenizas”. Erika y Uberlinda comentaron su experiencia de institucionalización por más de 15 años en el hogar Ruca Tami. Expresan sentir que su infancia les fue robada al igual que su derecho de vivir en familia.
Comparativamente, lamentan que su experiencia institucionalizada actualmente está igual o peor, pese a los 30 años que han pasado. Actualmente, la agrupación, busca querellarse contra el Estado de Chile por vulnerárseles, sufrir maltratos y abusos, además de ser marginadas socialmente. Pese a todo pronóstico, cuentan con orgullo como supieron salir
adelante luego de su egreso de la residencia estatal y como motivadas por su valentía, esfuerzo, resiliencia y tutores de resiliencia en su infancia (como profesores y compañeros de curso) quisieron contactar a quienes fueran sus compañeras o “hermanas” de infancia para crear la agrupación Fénix. Uberinda cuestiona qué espera el gobierno para actuar, en esta materia, ya hace 30 años en su hogar falleció una compañera por comer veneno de ratón, sin embargo el certificado de defunción decía por bronquitis aguda, habiendo evidencias en otras compañeras también de intoxicación con el mismo veneno y que actualmente siguen saliendo a la luz pública casos de muertes en similares condiciones.
Estas dos valientes, también comentan el desafío de cambiar la institucionalidad actual de SENAME, cuyos vejámenes hacia los niños han ido empeorando en comparación a 30 años atrás, época en que ellas se encontraban institucionalizadas. Además, trabajar y fortalecer a las familias de origen, entregándoles las herramientas y apoyo necesario para que los padres surjan, cuando la razón de ingreso de sus hijos a SENAME, por ejemplo por razones económicas o de pobreza. Esto se complementa con dar oportunidades de educación a los usuarios de SENAME, regular el uso de medicación y de quienes
trabajan.
La magistrada María Pilar Villarroel, comentó que “el trato actual que se da a la infancia responde a la importancia que como sociedad se le da a la infancia vulnerada en nuestro país”. A su juicio, los derechos infantiles son derechos humanos, que explicitan ciertas condiciones dentro del marco general de los derechos humanos como supremacía, que son interrelacionados, interdependientes e indivisibles y que todos los seres humanos tenemos, sin discriminación. En este sentido, se resalta la evolución y pertinencia de explicitar mediante normas y otros instrumentos jurídicos ciertos resguardos ante minorías
históricamente invisibilizadas y/o vulneradas. Al concebir los derechos humanos de carácter universal generados por la ONU, los derechos infantiles serían tratados generales enfocados a un grupo determinado. En la etapa de especialización de los derechos humanos, era necesario regular los derechos propios de cada persona, ya regulados en los tratados generales, debido a que históricamente han sido desvalorados como minoría. En esta línea, la ley orgánica que rige al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), le restringe a referirse exclusivamente en temas que involucren derechos humanos y tortura. Un año más tarde existe un observatorio del INDH que se está cuestionando su pertinencia de tratar casos de tortura en la infancia y de concebir las vulneraciones a la infancia
como vulneración a los derechos humanos.
Entre los desafíos se reconoce que se sigue en deuda en valorar a los niños como sujetos de derechos, promoviendo:
- El principio de igualdad y no discriminación;
- Principio del interés superior del niño que involucra, en palabras de Cilleros, “garantizar el disfrute pleno de todos los derechos reconocidos en la Convención”.
- Principio de autonomía progresiva de acuerdo a la evolución de sus facultades;
- Derecho a ser oído y considerada su opinión, ya sea directamente o mediante un profesional intermediario para evitar revictimización debido a las condiciones del caso.
- Principio de efectividad: “el Estado deberá adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de todo orden para dar EFECTIVIDAD a estos derechos”.
Otro conjunto de desafíos son: el garantizarle a los niños su derecho a vivir en familia, a ser cuidado por ésta y no ser separado de ella, salvo casos excepcionales establecidos por la Convención y tratados regionales, derecho al cuidado alternativo y a la adopción, trato especial de los niños refugiados y protección especial contra abuso y explotación sexual en la niñez. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988), establece que “los Estados partes deben PREVENIR y SANCIONAR toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención y procurar el restablecimiento (RESTITUCIÓN), si es posible, del derecho conculcado, y en su caso, la REPARACIÓN de los daños producidos por esa violación”.
El abogado Alexis Aguirre describió resultados preliminares de un estudio en curso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acerca de la situación de vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que residen en centros de protección de la red SENAME. Un desafío para los funcionarios de esta del Instituto era cómo ingresar a los centros de protección e infracción de ley y ejercer un rol de fiscalización y acción judicial en caso de encontrar casos de vulneración de derechos humanos. Mediante levantamiento de información institucional, individual de usuarios y funcionarios y análisis de información
secundaria de SENAME y Ministerio de Justicia. Entre los resultados preliminares, resaltaron casos de centros críticos debido a ciertos patrones de funcionamiento dañino para los NNA. Cuando habían evidencias de “maltrato constitutivo de delito”, se denunció al ministerio público y cuando era “maltrato no constitutivo de delito” ante lo INDH denunció al tribunal de familia y comunicó a la dirección regional de SENAME.
Algunos casos de maltrato correspondieron a presuntos hechos de tortura, apremios ilegítimos y castigos que pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante, NNA víctimas de presuntas agresiones o acciones de significación sexual por parte de otro NNA, NNA con cuadros depresivos o ideación suicida, sin atención médica, desescolarización, retraso y deserción escolar, falta de atención o cuidado negligente y vulneración del derecho de acceso a la justicia y a ser oído. Las principales críticas de los funcionarios era el énfasis del Estado en suplir las condiciones básicas-materiales para los niños, con una baja o nula capacitación del poco personal disponible ante la complejidad de los casos, llegando a ser vistos como pares de los niños prácticamente (no reguladores ni en control de las situaciones que ocurrían en los centros).
Por otra parte, la magistrada Mónica Jeldres reflexiona respecto al último año transcurrido desde que asistió al III Coloquio. Lamentablemente, refiere que no ha habido avances con respecto a fortalecer el trabajo con familias de origen de quienes ingresan a SENAME y tampoco de las familias de acogida para quienes las condiciones familiares no les permiten regresar. En cuanto a ley de garantías de la niñez, la temática de adopción deja varios vacíos con respecto a la interpretación y operatividad de la misma. La magistrada también lamentó el que desde el informe Jeldres del 2012, se tenía un diagnóstico abrumador y desolador con respecto a la situación de los niños en centros del SENAME y 5 años después sobre-abunda el diagnóstico, pero faltan acciones reales para cambiar la institucionalidad y faltan voluntades políticas para unificar un proyecto en pro de los niños cuya tuición es del Estado. Un importante avance fue el acuerdo de magistrados con respecto a solicitar a la corte suprema enviar a todos los jueces de Chile el informe Jeldres.
El diputado René Saffirio, comenta los principales cambios legislativos que ha habido… que ha sido difícil unificar los apoyos políticos para promulgar las leyes sobre infancia que actualmente se discuten, pero en un grado de generalidad que dejan vacíos legales que traspasan su interpretatividad a los jueces, quienes pueden derimir hasta de forma contradictoria, lo cual afecta directamente a los usuarios últimos por quienes se creó la ley. ¿Será mejor que Chile tenga un Código de Infancia y adolescencia, que como instrumento judicial sea la base para futuras leyes sobre infancia? Contar con un instrumento así de general, significaría invertir tiempo en acuerdos, sin entrar en resquicios de leyes particulares que pueden ser hasta contradictorias. Por lo anterior también es indispensable que Chile cuente con un abogado del Niño que vele y represente a todo niño vulnerado, independiente de si proviene de centros de protección de la red SENAME. También cuestiona el sistema de subvención por niño atendido y el rol del Ministerio de Justicia, que en palabras de la ex ministra Blanco “no tiene el rol de fiscalización de la subvención debido a la falta de personal para tal acción”, de lo cual se infiere que tampoco puede hacer seguimiento a costos adicionales entregados a SENAME. En este sentido, cita las palabras del director del INDH sobre que en SENAME habría una violación estructural de los derechos, es decir, si bien no se crea la institución para violar sistemáticamente los DD.HH. si produce indeseablemente la violación de derechos.
En conclusión, se logra identificar avances muy particulares con respecto al empoderamiento y acciones de reparación auto-gestionadas por quienes egresaron de residencias.
También se menciona que se ha llegado a un punto de saturación de información, es decir, existe bastante evidencia sobre el diagnostico de SENAME y sus fallas, lo cual hace insostenible seguir con este Sistema tal cual le conocemos.
Por otra parte, contar con un marco jurídico tal como podría ser un Código de infancia y adolescencia, permitiría encuadrar futuras leyes respecto a NNA. Lo anterior, implica un esfuerzo por aunar esfuerzos de todos los sectores políticos y tener una mirada a largo plazo (no sólo de un gobierno). Entre las leyes a modificar, está la subvención otorgada por niño atendido, lo cual refuerza el círculo vicioso de que los niños se mantengan institucionalizados.
A nivel de desafíos, la sensibilización de la sociedad ante el tema y el empoderamiento de la ciudadanía para hacerse participes de la solución ante el complejo tema de la institucionalización está siendo la meta final ante la cual los presentes deciden unir fuerzas, considerando que próximamente hay proyectos sobre infancia en carpeta que descansan y esperan ser mejorados antes de su aprobación.
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