OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA Y JUVENTUD UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (OBIJUV-UFRO)
El observatorio sobre Infancia y Juventud de La Araucanía, Universidad de La Frontera (OBIJUV), tiene como misión, producir información relevante que contribuya bajo enfoque de derechos, al proceso de toma de decisiones, generación de proyectos, programas y lineamientos de acción, en materias de infancia y juventud. Espera convertirse en una instancia de consulta permanente para desarrollar estudios con visión integral de la infancia y juventud regional y nacional.
jueves, 14 de marzo de 2019
PROGRAMA “MI CARRERA, MI FUTURO” UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
miércoles, 20 de diciembre de 2017
QUINTO COLOQUIO SOBRE “AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD VULNERADA A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD
VULNERADA A NIVEL NACIONALY DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”,
01 de diciembre de 2017
Auditorio Los Avellanos
Universidad de La Frontera
organizaDO POR EL Centro de investigación en desarrollo infanto juvenil, EL Observatorio sobre infancia y juventud, EL Departamento de Ciencias Sociales, DE LA Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades Y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, Universidad de La Frontera. ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DE UN CICLO DE COLOQUIOS INICIADO EL AÑO 2014, SOBRE LA problemáticas DE la infancia y juventud en chile y la araucania.
EL OBJETIVO ES DESARROLLAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE ACADÉMICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DISCIPLINARIOS Y FACULTADES, DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA; REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TIENEN RESPONSABILIDAD E INTERÉS EN LA MATERIA, COMO SENAME, SENDA, MINISTERIO DEL INTERIOR, JUNJI; ORGANISMOS COLABORADORES DEL SENAME, ONGS, TRIBUNALES DE FAMILIA, SEREMIAS DE SALUD, ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS, POLÍTICOS Y OTROS QUE INVESTIGAN, PROTEGEN, LEGISLAN, O DESARROLLAN PROGRAMAS RELACIONADOS CON PROBLEMÁTICAS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA VULNERABLES. TAMBIÉN ES EXTENSIVO A ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO CON PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TESIS EN EL ÁREA, ADEMÁS DE INVITADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES REGIONALES Y DEL RESTO DEL PAÍS.
1. Debatir acerca de los “Avances y desafíos de la protección de la infancia y juventud vulnerada a nivel nacional y de la región de La Araucanía” en el marco de la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un año después del III Coloquio sobre Infancia y Juventud institucionalizadas, desarrollado en la UFRO en Noviembre de 2016.
2. Analizar los desafíos de la institucionalidad y de la sociedad civil en torno a generar condiciones de efectiva inclusión social de los niños y jóvenes que han crecido internos en organizaciones colaboradoras del SENAME.
En Chile, recién en el s. XX se les reconoció a los niños y jóvenes como sujetos pleno de derechos, pero muchos de aquellos que provienen de extrema pobreza, o de situaciones familiares de disfuncionalidad, han recibido medidas de protección que en los hechos, en muchos casos, se han trasformado en largas institucionalizaciones, que no sólo los han privado de tener un entorno familiar, con referentes adultos significativos que les permitan satisfacer de manera integrada sus necesidades de desarrollo evolutivo, sino que, paradojalmente, los ha expuesto a nuevas y graves vulneraciones en sus derechos.
En efecto, es un hecho reiteradamente denunciado que la vida institucionalizada crea condiciones de riesgo para que un porcentaje importante de niños y niñas deriven hacia trayectorias de desadaptación social que pueden culminar en comportamiento delictivo, en consumo problemático de drogas o bajo control de impulsos.
La evidencia es contundente para demostrar que la actuación de los programas así como de las instituciones que los ejecutan tiene graves efectos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades, por vivir en contextos de desventaja social. Tienen efectos negativos en sus trayectorias de vidas, así como también en sus familias, si no se garantiza la protección de derechos y no se generan condiciones que satisfagan las necesidades propias del desarrollo evolutivo así como las particularidades de los problemas que se atienden.
En nuestro país, aún se carece de un sistema integral de protección de la infancia, así como de un sistema efectivo de atención y tratamiento de aquellos niños y jóvenes que presentan dificultades de mayor complejidad. Es por esto que cada cierto tiempo la opinión pública se ve conmovida por sucesos de alto dramatismo que afectan la integridad e incluso la vida de niños y adolescentes atendidos por instituciones que se supone existen para protegerlos.
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo de Estado que tiene por misión contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados y a la inserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, sin embargo los resultados no son alentadores si, por ejemplo, se considera lo carentes que son al momento de ser egresados de ese mismo sistema o la alta proporción que hay de ellos en el sistema de cumplimiento penitenciario.
Lograr la inclusión social de la niñez y juventud vulneradas, así como su pleno desarrollo plantea un gran desafío a la sociedad y al Estado chileno en su conjunto, pero aún mayor es el desafío para lograr la rehabilitación y reinserción de quienes han sido atropellados en sus derechos por abandono familiar, violencia física o emocional y abuso sexual, ya que muchas veces derivan hacia conductas antisociales. Pero la precaria capacidad del actual modelo de desarrollo de distribuir oportunidades en forma equitativa y niveles de vida con seguridad humana, así como de alcanzar la reinserción social de la niñez y juventud vulneradas, plantean un desafío a la Academia a indagar y hacer propuestas para superar el riesgo social que produce el actual sistema.
Surge entonces la necesidad de un debate académico y profesional sobre las estrategias más adecuadas para proteger y promover los derechos de la niñez y juventud cuyos derechos han sido vulneradas, instancia en la que deben participar las instituciones públicas y privadas vinculadas con esta temática, pero incorporando también los valiosos testimonios de quienes han pasado o sido víctimas de este sistema de protección.
En nuestra Universidad, existen académicos que vienen desarrollando diferentes iniciativas tanto en el plano de la investigación, docencia y extensión en materias afines a las problemáticas del desarrollo infanto juvenil, sin embargo el desarrollo de éstas aparecen aún dispersas sin lograr una articulación que permita una proyección interna y externa de los avances logrados. De allí que este proyecto plantee tanto el intercambio interno como externo, así como la generación de un espacio capaz de construir propuestas en esta materia que puedan ser compartidas con los organismos competente
2.2 DESTINATARIOS
1. Grupo de académicos de la universidad de La Frontera que forman parte del Centro de Investigación en desarrollo infanto juvenil.
2. Entidades públicas y privadas que tienen responsabilidad e interés en la materia: Tribunales de Familia, SENAME, SENDA, Ministerio del Interior, JUNJI, organismos colaboradores del SENAME, OPD de Municipalidades, Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros.
3. Estudiantes de pre y postgrado con prácticas profesionales y tesis en el área
4. Invitados de otras universidades regionales y del resto del país
Medios de Comunicación, parlamentarios regionales, público interesado.
- El principio de igualdad y no discriminación;
- Principio del interés superior del niño que involucra, en palabras de Cilleros, “garantizar el disfrute pleno de todos los derechos reconocidos en la Convención”.
- Principio de autonomía progresiva de acuerdo a la evolución de sus facultades;
- Derecho a ser oído y considerada su opinión, ya sea directamente o mediante un profesional intermediario para evitar revictimización debido a las condiciones del caso.
- Principio de efectividad: “el Estado deberá adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de todo orden para dar EFECTIVIDAD a estos derechos”.
