miércoles, 20 de diciembre de 2017

QUINTO COLOQUIO SOBRE “AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD VULNERADA A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”




AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 

VULNERADA A NIVEL NACIONALY DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”,

 

01 de diciembre de  2017

Auditorio Los Avellanos

Universidad de La Frontera

organizaDO POR EL Centro de investigación en desarrollo infanto juvenil, EL Observatorio sobre infancia y juventud, EL Departamento de Ciencias Sociales, DE LA Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades Y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, Universidad de La Frontera. ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DE UN CICLO DE COLOQUIOS INICIADO EL AÑO 2014, SOBRE LA problemáticas DE la infancia y juventud en chile y la araucania.

EL OBJETIVO ES DESARROLLAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE ACADÉMICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DISCIPLINARIOS Y FACULTADES, DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA; REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TIENEN RESPONSABILIDAD E INTERÉS EN LA MATERIA, COMO SENAME, SENDA, MINISTERIO DEL INTERIOR, JUNJI; ORGANISMOS COLABORADORES DEL SENAME, ONGS, TRIBUNALES DE FAMILIA, SEREMIAS DE SALUD, ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS, POLÍTICOS Y OTROS QUE INVESTIGAN, PROTEGEN, LEGISLAN, O DESARROLLAN PROGRAMAS RELACIONADOS CON PROBLEMÁTICAS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA VULNERABLES. TAMBIÉN ES EXTENSIVO A ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO CON PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TESIS EN EL ÁREA, ADEMÁS DE INVITADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES REGIONALES Y DEL RESTO DEL PAÍS.


1.2       OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.   Debatir acerca de los “Avances y desafíos de la protección de la infancia y juventud vulnerada a nivel nacional y de la región de La Araucanía en el marco de la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un año después del III Coloquio sobre Infancia y Juventud institucionalizadas, desarrollado en la UFRO en Noviembre de 2016.

2.   Analizar los desafíos de la institucionalidad y de la sociedad civil en torno a generar condiciones de efectiva inclusión social de los niños y jóvenes que han crecido internos en organizaciones colaboradoras del SENAME.


FUNDAMENTOS:

En Chile, recién en el s. XX se les reconoció a los niños y jóvenes como sujetos pleno de derechos, pero muchos de aquellos que provienen de extrema pobreza, o de situaciones familiares de disfuncionalidad, han recibido medidas de protección que en los hechos, en muchos casos, se han trasformado en largas institucionalizaciones, que no sólo los han privado de tener un entorno familiar, con referentes adultos significativos que les permitan satisfacer de manera integrada sus necesidades de desarrollo evolutivo, sino que, paradojalmente, los ha expuesto a nuevas y graves vulneraciones en sus derechos.

En efecto, es un hecho reiteradamente denunciado que la vida institucionalizada crea condiciones de riesgo para que un porcentaje importante de niños y niñas deriven hacia trayectorias de desadaptación social que pueden culminar en comportamiento delictivo, en consumo problemático de drogas o bajo control de impulsos.

La evidencia es contundente para demostrar que la actuación de los programas así como de las instituciones que los ejecutan tiene graves efectos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades, por vivir en contextos de desventaja social. Tienen efectos negativos en sus trayectorias de vidas, así como también en sus familias, si no se garantiza la protección de derechos y no se generan condiciones que satisfagan las necesidades propias del desarrollo evolutivo así como las particularidades de los problemas que se atienden.

En nuestro país, aún se carece de un sistema integral de protección de la infancia, así como de un sistema efectivo de atención y tratamiento de aquellos niños y jóvenes que presentan dificultades de mayor complejidad. Es por esto que cada cierto tiempo la opinión pública se ve conmovida por sucesos de alto dramatismo que afectan la integridad e incluso la vida de niños y adolescentes atendidos por instituciones que se supone existen para protegerlos.

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo de Estado que tiene por misión contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados y a la inserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, sin embargo los resultados no son alentadores si, por ejemplo, se considera lo carentes que son al momento de ser egresados de ese mismo sistema o la alta proporción que hay de ellos en el sistema de cumplimiento penitenciario.

Lograr la inclusión social de la niñez y juventud vulneradas, así como su pleno desarrollo plantea un gran desafío a la sociedad y al Estado chileno en su conjunto, pero aún mayor es el desafío para lograr la rehabilitación y reinserción de quienes han sido atropellados en sus derechos por abandono familiar, violencia física o emocional y abuso sexual, ya que muchas veces derivan hacia conductas antisociales. Pero la precaria capacidad del actual modelo de desarrollo de distribuir oportunidades en forma equitativa y niveles de vida con seguridad humana, así como de alcanzar la reinserción social de la niñez y juventud vulneradas, plantean un desafío a la Academia a indagar y hacer propuestas para superar el riesgo social que produce el actual sistema.

Surge entonces la necesidad de un debate académico y profesional sobre las estrategias más adecuadas para proteger y promover los derechos de la niñez y juventud cuyos derechos han sido vulneradas, instancia en la que deben participar las instituciones públicas y privadas vinculadas con esta temática, pero incorporando también los valiosos testimonios de quienes han pasado o sido víctimas de este sistema de protección.

En nuestra Universidad, existen académicos que vienen desarrollando diferentes iniciativas tanto en el plano de la investigación, docencia y extensión en materias afines a las problemáticas del desarrollo infanto juvenil, sin embargo el desarrollo de éstas aparecen aún dispersas sin lograr una articulación que permita una proyección interna y externa de los avances logrados. De allí que este proyecto plantee tanto el intercambio interno como externo, así como la generación de un espacio capaz de construir propuestas en esta materia que puedan ser compartidas con los organismos competente


2.2       DESTINATARIOS


1.  Grupo de académicos de la universidad de La Frontera que forman parte del Centro de Investigación en desarrollo infanto juvenil.

2.  Entidades públicas y privadas que tienen responsabilidad e interés en la materia: Tribunales de Familia, SENAME, SENDA, Ministerio del Interior, JUNJI, organismos colaboradores del SENAME, OPD de Municipalidades, Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros.

3.  Estudiantes de pre y postgrado con prácticas profesionales y tesis en el área

4.  Invitados de otras universidades regionales y del resto del país


OTROS

Medios de Comunicación, parlamentarios regionales, público interesado.


En el l V Coloquio sobre la problemática de la Infancia y Juventud vulneradas en Chile,  se dimensionarán los avances y los aspectos pendientes que como País todavía tenemos por el hecho de ser signatarios de la Convención de los Derechos del Niño. El programa y afiche es el siguiente:



“AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD VULNERADA EN SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Erika Fuentealba y Uberlinda Parra, son ex usuarias del Sistema de Protección de a Infancia SENAME, y conforman actualmente la agrupación Fénix, con 500 miembros aproximadamente. Su lema es: “nacer de las cenizas”. Erika y Uberlinda comentaron su experiencia de institucionalización por más de 15 años en el hogar Ruca Tami. Expresan sentir que su infancia les fue robada al igual que su derecho de vivir en familia. 

Comparativamente, lamentan que su experiencia institucionalizada actualmente está igual o peor, pese a los 30 años que han pasado. Actualmente, la agrupación, busca querellarse contra el Estado de Chile por vulnerárseles, sufrir maltratos y abusos, además de ser marginadas socialmente. Pese a todo pronóstico, cuentan con orgullo como supieron salir
adelante luego de su egreso de la residencia estatal y como motivadas por su valentía, esfuerzo, resiliencia y tutores de resiliencia en su infancia (como profesores y compañeros de curso) quisieron contactar a quienes fueran sus compañeras o “hermanas” de infancia para crear la agrupación Fénix. Uberinda cuestiona qué espera el gobierno para actuar, en esta materia, ya hace 30 años en su hogar falleció una compañera por comer veneno de ratón, sin embargo el certificado de defunción decía por bronquitis aguda, habiendo evidencias en otras compañeras también de intoxicación con el mismo veneno y que actualmente siguen saliendo a la luz pública casos de muertes en similares condiciones.

Estas dos valientes, también comentan el desafío de cambiar la institucionalidad actual de SENAME, cuyos vejámenes hacia los niños han ido empeorando en comparación a 30 años atrás, época en que ellas se encontraban institucionalizadas. Además, trabajar y fortalecer a las familias de origen, entregándoles las herramientas y apoyo necesario para que los padres surjan, cuando la razón de ingreso de sus hijos a SENAME, por ejemplo por razones económicas o de pobreza. Esto se complementa con dar oportunidades de educación a los usuarios de SENAME, regular el uso de medicación y de quienes
trabajan.

La magistrada María Pilar Villarroel, comentó que “el trato actual que se da a la infancia responde a la importancia que como sociedad se le da a la infancia vulnerada en nuestro país”. A su juicio, los derechos infantiles son derechos humanos, que explicitan ciertas condiciones dentro del marco general de los derechos humanos como supremacía, que son interrelacionados, interdependientes e indivisibles y que todos los seres humanos tenemos, sin discriminación. En este sentido, se resalta la evolución y pertinencia de explicitar mediante normas y otros instrumentos jurídicos ciertos resguardos ante minorías
históricamente invisibilizadas y/o vulneradas. Al concebir los derechos humanos de carácter universal generados por la ONU, los derechos infantiles serían tratados generales enfocados a un grupo determinado. En la etapa de especialización de los derechos humanos, era necesario regular los derechos propios de cada persona, ya regulados en los tratados generales, debido a que históricamente han sido desvalorados como minoría. En esta línea, la ley orgánica que rige al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), le restringe a referirse exclusivamente en temas que involucren derechos humanos y tortura. Un año más tarde existe un observatorio del INDH que se está cuestionando su pertinencia de tratar casos de tortura en la infancia y de concebir las vulneraciones a la infancia
como vulneración a los derechos humanos.

Entre los desafíos se reconoce que se sigue en deuda en valorar a los niños como sujetos de derechos, promoviendo:
  • El principio de igualdad y no discriminación;
  • Principio del interés superior del niño que involucra, en palabras de Cilleros, “garantizar el disfrute pleno de todos los derechos reconocidos en la Convención”.
  • Principio de autonomía progresiva de acuerdo a la evolución de sus facultades;
  • Derecho a ser oído y considerada su opinión, ya sea directamente o mediante un profesional intermediario para evitar revictimización debido a las condiciones del caso.
  • Principio de efectividad: “el Estado deberá adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de todo orden para dar EFECTIVIDAD a estos derechos”.
Otro conjunto de desafíos son: el garantizarle a los niños su derecho a vivir en familia, a ser cuidado por ésta y no ser separado de ella, salvo casos excepcionales establecidos por la Convención y tratados regionales, derecho al cuidado alternativo y a la adopción, trato especial de los niños refugiados y protección especial contra abuso y explotación sexual en la niñez. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988), establece que “los Estados partes deben PREVENIR y SANCIONAR toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención y procurar el restablecimiento (RESTITUCIÓN), si es posible, del derecho conculcado, y en su caso, la REPARACIÓN de los daños producidos por esa violación”.

El abogado Alexis Aguirre describió resultados preliminares de un estudio en curso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acerca de la situación de vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que residen en centros de protección de la red SENAME. Un desafío para los funcionarios de esta del Instituto era cómo ingresar a los centros de protección e infracción de ley y ejercer un rol de fiscalización y acción judicial en caso de encontrar casos de vulneración de derechos humanos. Mediante levantamiento de información institucional, individual de usuarios y funcionarios y análisis de información
secundaria de SENAME y Ministerio de Justicia. Entre los resultados preliminares, resaltaron casos de centros críticos debido a ciertos patrones de funcionamiento dañino para los NNA. Cuando habían evidencias de “maltrato constitutivo de delito”, se denunció al ministerio público y cuando era “maltrato no constitutivo de delito” ante lo INDH denunció al tribunal de familia y comunicó a la dirección regional de SENAME. 

Algunos casos de maltrato correspondieron a presuntos hechos de tortura, apremios ilegítimos y castigos que pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante, NNA víctimas de presuntas agresiones o acciones de significación sexual por parte de otro NNA, NNA con cuadros depresivos o ideación suicida, sin atención médica, desescolarización, retraso y deserción escolar, falta de atención o cuidado negligente y vulneración del derecho de acceso a la justicia y a ser oído. Las principales críticas de los funcionarios era el énfasis del Estado en suplir las condiciones básicas-materiales para los niños, con una baja o nula capacitación del poco personal disponible ante la complejidad de los casos, llegando a ser vistos como pares de los niños prácticamente (no reguladores ni en control de las situaciones que ocurrían en los centros).

Por otra parte, la magistrada Mónica Jeldres reflexiona respecto al último año transcurrido desde que asistió al III Coloquio. Lamentablemente, refiere que no ha habido avances con respecto a fortalecer el trabajo con familias de origen de quienes ingresan a SENAME y tampoco de las familias de acogida para quienes las condiciones familiares no les permiten regresar. En cuanto a ley de garantías de la niñez, la temática de adopción deja varios vacíos con respecto a la interpretación y operatividad de la misma. La magistrada también lamentó el que desde el informe Jeldres del 2012, se tenía un diagnóstico abrumador y desolador con respecto a la situación de los niños en centros del SENAME y 5 años después sobre-abunda el diagnóstico, pero faltan acciones reales para cambiar la institucionalidad y faltan voluntades políticas para unificar un proyecto en pro de los niños cuya tuición es del Estado. Un importante avance fue el acuerdo de magistrados con respecto a solicitar a la corte suprema enviar a todos los jueces de Chile el informe Jeldres.

El diputado René Saffirio, comenta los principales cambios legislativos que ha habido… que ha sido difícil unificar los apoyos políticos para promulgar las leyes sobre infancia que actualmente se discuten, pero en un grado de generalidad que dejan vacíos legales que traspasan su interpretatividad a los jueces, quienes pueden derimir hasta de forma contradictoria, lo cual afecta directamente a los usuarios últimos por quienes se creó la ley. ¿Será mejor que Chile tenga un Código de Infancia y adolescencia, que como instrumento judicial sea la base para futuras leyes sobre infancia? Contar con un instrumento así de general, significaría invertir tiempo en acuerdos, sin entrar en resquicios de leyes particulares que pueden ser hasta contradictorias. Por lo anterior también es indispensable que Chile cuente con un abogado del Niño que vele y represente a todo niño vulnerado, independiente de si proviene de centros de protección de la red SENAME. También cuestiona el sistema de subvención por niño atendido y el rol del Ministerio de Justicia, que en palabras de la ex ministra Blanco “no tiene el rol de fiscalización de la subvención debido a la falta de personal para tal acción”, de lo cual se infiere que tampoco puede hacer seguimiento a costos adicionales entregados a SENAME. En este sentido, cita las palabras del director del INDH sobre que en SENAME habría una violación estructural de los derechos, es decir, si bien no se crea la institución para violar sistemáticamente los DD.HH. si produce indeseablemente la violación de derechos.

En conclusión, se logra identificar avances muy particulares con respecto al empoderamiento y acciones de reparación auto-gestionadas por quienes egresaron de residencias.

También se menciona que se ha llegado a un punto de saturación de información, es decir, existe bastante evidencia sobre el diagnostico de SENAME y sus fallas, lo cual hace insostenible seguir con este Sistema tal cual le conocemos.

Por otra parte, contar con un marco jurídico tal como podría ser un Código de infancia y adolescencia, permitiría encuadrar futuras leyes respecto a NNA. Lo anterior, implica un esfuerzo por aunar esfuerzos de todos los sectores políticos y tener una mirada a largo plazo (no sólo de un gobierno). Entre las leyes a modificar, está la subvención otorgada por niño atendido, lo cual refuerza el círculo vicioso de que los niños se mantengan institucionalizados.

A nivel de desafíos, la sensibilización de la sociedad ante el tema y el empoderamiento de la ciudadanía para hacerse participes de la solución ante el complejo tema de la institucionalización está siendo la meta final ante la cual los presentes deciden unir fuerzas, considerando que próximamente hay proyectos sobre infancia en carpeta que descansan y esperan ser mejorados antes de su aprobación.









martes, 3 de enero de 2017

CUARTO COLOQUIO SOBRE “Problemas, avances  y desafíos de la protección infancia y juventud vulnerada en sus derechos, a nivel nacional y de la región de La Araucanía" 


EL TEMA Justicia Juvenil, la cobertura mediática en la formulación de la política, caracterización delictiva en Chile, y orientaciones para la intervención, basadas en evidencias.


 Este evento desarrollado el 14 de diciembre de 2016 en dependencias de la Universidad de La Frontera, fue inaugurado por la Sra. Margarita Baeza Cortés, Directora de Pregrado, en representación del Decano de la Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades. Señala “Expreso en nombre de la Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades y del Decano Dr. Carlos del Valle, mi afectuoso saludo en esta jornada inaugural del Cuarto Coloquio sobre problemas y desafíos de la Infancia y Juventud a nivel Nacional y de la Región de La Araucanía cuyo lema central es  Justicia Juvenil: Cobertura mediática en la formulación de la política; caracterización delictiva en Chile y orientación para la intervención basada en evidencias, que organiza el Departamento de Ciencias Sociales, el Centro De desarrollo Infanto Juvenil y el Observatorio sobre Infancia y Juventud de la Universidad de La frontera.

El alcance de este encuentro no sólo es significativo por el tema que se aborda dada la realidad delictiva actual en el país reconocida por todos los sectores de la sociedad, sino que ubica a nuestra Universidad de La Frontera como el lugar adecuado para conversar horizontalmente entre el mundo público, privado, académico y político respecto de este síntoma que evidencia una ruptura temprana de la convivencia social que, en el largo plazo, puede afectar los estilos de vida democráticos que tanto le costaron al país recuperar hace casi tres décadas. Las perspectivas que se abordarán en este coloquio cruzarán líneas investigativas, legislativas y programáticas de la infancia y adolescencia vulnerable y en tal sentido, reconocemos la importancia de su presencia en este esfuerzo colectivo por avanzar en el campo de la justicia juvenil y la cobertura mediática en la formulación de políticas que superen esta crisis. Aunque han pasado varias décadas, ya la UNICEF el año 1964, establecía las dificultades para el abordaje del problema que hoy nos ocupa. Por un lado, las desigualdades entre los países desarrollados y en desarrollo tanto para atender con recursos pedagógicos la educación y el bienestar de la infancia. Cada uno con sus tradiciones culturales y sus circuitos estratégicos de planificación y presupuestos dedicados a esta tarea. Por otra, la escasez de trabajos de investigación y experiencias prácticas de eficacia comprobadas para la prevención y represión de la conducta delictiva limitaba la aplicación de programas confiables y rigurosos. No obstante, en nuestros tiempos el avance investigativo y sus aportes se han incrementado como nunca antes y solo como un dato para la referencia, se pueden encontrar estudios como el de la investigadora Daniela Díaz Bórquez, Trabajadora social y docente de la Universidad Alberto Hurtado que el año 2012 publica su texto “El desafío de la efectividad en la justicia penal juvenil”. Pareciera que el esfuerzo máximo de un encuentro como el que estamos inaugurando concita la atención en la efectividad y resultados de los esfuerzos que todos los sectores realizan, para atender esta problemática social. Tenemos una alta expectativa de las conclusiones de este coloquio y por tal razón, reitero mis saludos y bienvenida a los participantes en nombre de la Facultad y deseo éxito en los acuerdos y conclusiones que resulten de su participación.

La profesora M. Raquel Lara se refiere a los objetivos del Cuarto Coloquio, considerando  como tema la Justicia Juvenil, la cobertura mediática en la formulación de la política, caracterización delictiva en Chile, y orientaciones para la intervención, basadas en evidencias, como temas centrales.

Comienza señalando que la Justicia Juvenil, y la situación delictiva, que es para Chile el primer problema que debería solucionarse, seguido por la Salud, Educación, la corrupción, los sueldos y pensiones, el empleo y la pobreza, entre otros, es  un tema que nos preocupa sobremanera, porque involucra una vez más a niños jóvenes, que crecen en nuestra sociedad en situaciones especialmente vulnerables. También, destaca que es un problema social presente en todos los países, especialmente en las ciudades, que las ciencias sociales deben ayudar a investigar y a comprender este problema,  y colaborar en su solución.

Prosigue señalando que “uno de los aspectos que nos preocupa es el vocablo “delincuencia” asociado a niños o jóvenes. La delincuencia está vinculada a las personas que violan las leyes, y que cometen delitos. Pero un niño sabe de leyes?. Es consciente que comete un delito?. "Etiquetar a un niño como delincuente me parece equivocado", sin embargo frecuentemente son llamados así, a muchos niños, sólo porque que forman parte de una población en situación de pobreza o de extrema pobreza, o porque son sorprendidos hurtando una fruta, un pan, un pedazo de queso, o algo para alimentarse cuando la madre y el padre, o solo la madre sale a trabajar, viéndose obligados a dejar a los niños solos en casa, al cuidado de un abuelo o una abuela de avanzada edad, o de tíos que no les quieren, con el riesgo que salgan a la calle, o porque crecen institucionalizados, y están constantemente buscando a sus padres.  Es decir, es muy fácil estigmatizar a un niño como delincuente, cuando a muy escasa edad, por diversas razones ha tenido que tomar algo ajeno, llamando a carabineros, para que les persigan y atrapen, sin preguntarse primero ¿Que lo impulsó a hurtar?.¿Necesitaba satisfacer sus necesidades de alimentación, de vestuario, tener algo que no podrá comprar?; demostrar que puede hurtar algo para que le integren a grupos donde si les muestran afecto y protección?; Por abandono de un padre o de ambos en instituciones que lo maltratan física o psicológicamente; por violencia intrafamiliar que crece y tiende a ser un delito que alcanza cifras superiores a los DMCS?; El Bulling en los colegios?; ¿Porque está en la calle, y necesita sobrevivir?, etc.

En esto hay responsabilidades que no dependen de los niños o jóvenes, sino de varios aspectos que se señalan a continuación:



a) El sistema neoliberal que nos rige ha configurado una sociedad con una gran desigualdad social, lo que afecta directamente la cohesión, el bien común y la calidad de vida en una parte importante de la población, estableciendo grandes brechas entre vidas más confortables y vidas más desfavorables. Se atribuye principalmente este fenómeno a la distribución de los ingresos, en un contexto donde el motor de la riqueza de una nación proviene de sus trabajadores, lo cual puede ser medido mediante el índice de Atkinson o la curva de Lorenz, o el coeficiente de Gini, que grafican la distribución de la riqueza en relación con la equidad social, situando numéricamente de 0 a 1 la relación de menor o mayor desigualdad. De esta forma, un país con Coeficiente Gini 0 quien tiene perfecta igualdad y a los países más acercados a 1 representa elevados índices de desigualdad, lo que arrastra en definitiva múltiples malestares sociales. Según informe de la OCDE 2015, Chile lidera el ranking de los más países más desiguales con un índice de Gini de 0,503 entre el periodo 2006 al 2011, compartiendo los últimos puestos con Turquía y México. En la otra vereda encontramos a Finlandia, Dinamarca y Noruega, quienes presentan un índice de Gini de 0,261, siendo los países con menor desigualdad dentro de la OCDE. Se dice que la pobreza por ingreso disminuye (11%), pero la pobreza multidimensional, que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en cinco dimensiones relevantes del bienestar, entre las que se incluye Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y Entorno; y, Redes y Cohesión Social, aumenta (20,9%) (CASEN 2015) y un 4.5% tienen ambas condiciones. Esto crea muchas frustraciones en la población obrera, sobre todo cuando se lucha por un aumento de sueldo, pues aún no alcanza a un sueldo líquido de 200.000 pesos, a veces sin continuidad en el tiempo. 

b) Los medios de comunicación de masas han puesto en la imagen pública, la delincuencia infanto juvenil, magnificando la percepción de temor, y empujando a la ciudadanía a ejercer la justicia por sus propias manos, como ha ocurrido varias veces ya en Chile, con razón o sin razón. Lo más grave es que ocurra con niños como Alan Peña de apenas 13 años, basados en una suposición. Esto es “venganza social, algo común en la edad Media”. Es que vamos retrocediendo como sociedad en vez de avanzar?

c)  El impacto que ha tenido la ley de transparencia, ha salido a la luz la delincuencia de la clase dirigente, y la corrupción y delincuencia del poder político y económico que sin duda es el principal flagelo de la sociedad actual”. En quien creemos entonces? ¿En quién creerán nuestros niños, si nosotros les estamos transmitiendo constantemente que estamos hastiados con lo que hacen en contra de la ciudadanía, o contra la naturaleza, y no reciben el castigo, mientras a los pobres si los encierran por años, viviendo en las cárceles subvencionadas o en los centros de reclusión para jóvenes en forma inhumana? 
d) Las competencias parentales han sido cuestionadas. Alguien o alguienes consideraron importante investigar sobre “competencias parentales”, creando instrumentos para conocerlas, las cuales aplican a padres o madres o familias en riesgo social. De esto resulta el retiro o no de los niños para llevarlos a instituciones colaboradoras del SENAME. Pero retirar a los hijos de la familia, para llevarlos a instituciones, ha sido la mejor solución?. Hasta ahora hemos visto que no.
e) El acceso a la educación. La educación que debiese ser un derecho garantizado por el Estado sigue lógicas de mercado en la particular pagada, buena parte de la subvencionada; así como toda la rama crediticia frente al acceso a la educación técnica profesional y superior, mientras se debilita la educación pública, en todos los niveles educacionales. Es decir constitucionalmente el Estado no garantiza el derecho a la educación, aún cuando en el artículo 19 sobre las garantías constitucionales, número 10 inciso 2, establece que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, y “corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, pero así no ocurre. Por lo tanto, las familias pobres saben de antemano que el mundo será difícil para sus hijos, y más aún para los niños que crecieron institucionalizados, que al egresar a los 18 años, no tienen familia, ni hogar, ni tampoco tienen garantizada una educación completa. No me extrañaría que entre las familias pobres, o algún egresado de SENAME encuentre como única salida hurtar, robar o cometer otros delitos, aunque varios de los que he conocido han sacado fuerzas o han sido ayudados por algún ser humano de buena voluntad.
f)  El trabajo infantil. De acuerdo al estudio. “Las peores formas de trabajo infantil, realizado por Ministerio del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el SENAME (2004), se trata de niños que permanecen en condiciones de explotación por parte de adultos y en actividades económicas que ocasionan daño a su desarrollo físico, psicológico y moral. Entre estas, la esclavitud (Explotación sexual comercial: todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto a aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de relación a un tercero, como al que mantiene la misma, no importando si la relación es frecuente, ocasional o permanente. Se incluye dentro de esta categoría la prostitución infantil, la producción, distribución y consumo de pornografía infantil, el turismo sexual y la venta y tráfico de niños con fines sexuales[1]; Utilización de niños, niñas, y adolescentes en actividades ilícitas y prácticas asociadas a la esclavitud: corresponde a situaciones en que adultos inducen a niños, niñas y adolescentes a realizar actividades ilegales y también a situaciones de trabajo forzoso u obligatorio. Dentro de estas prácticas se distinguen la utilización de niños, niñas y adolescentes en la producción y tráfico de drogas, la utilización de niños/as y adolescentes por delincuentes adultos, la venta de niños para servidumbre y el reclutamiento forzoso de niños para conflictos armados”[2]. En los carteles de drogas, se les prepara para la guerra entre bandas y a morir. Vale decir, la exigencia es combatir las redes de prostitución, pederastas y tráfico de pornografía y carteles de drogas para que no sigan dañando a nuestros niños. Otros trabajos en que laboran niños, fueron clasificados como trabajos peligrosos, nocivos por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan. En ambos casos se ocasiona daño al niño, niña o adolescente en el aspecto físico, mental o moral. Los trabajos peligrosos incluyen: Trabajos peligrosos por su naturaleza: aquellos que, por una característica intrínseca de la actividad laboral representan riesgo para la salud y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que los realizan. Se califican también como trabajos nocivos de alto riesgo para ser realizados por niños, niñas o adolescentes. Dentro de este tipo, se distinguen los trabajos en minas, canteras, subterráneo; trabajos en alta mar; trabajos en alturas; trabajos en levantamiento, colocación y traslado de carga manual; trabajos en ambientes nocivos; trabajos que impliquen contacto con productos, sustancias u objetos de carácter tóxico; trabajos en que se utilice maquinaria, herramientas de tipo manual o mecánico y equipos especializados que requieran capacitación y experiencia; trabajos con exposición a ruidos; trabajos con exposición a radiaciones; entre otros. Trabajos peligrosos por sus condiciones: aquellos en que los elementos del contexto en que los niños y niñas desarrollan su actividad laboral pueden determinar perjuicio para su desarrollo integral, con independencia de lo inocuo de la naturaleza del trabajo. Se consideran inadecuadas entre otras, las jornadas laborales extensas, por encima del límite legal permitido en cada país, el trabajo en horario nocturno o de madrugada, la actividad laboral a destajo, la actividad laboral realizada en ausencia de medidas de higiene y condiciones de seguridad y el trabajo que por su horario o exigencias impida la asistencia a la escuela”[3].
g)  La discriminación como pobre, como ladrón, como feo, como gay, etc. es otro de los problemas, donde ha habido una mínima superación, pero aún falta mucho por hacer.
h)  La justicia que no llega a las familias de los  niños especialmente vulnerables,  ni en la familia, en la escuela, en las instituciones del Estado. Más de alguien ha pensado que esto es intencional, para justificar muchos trabajos donde se obtienen pingues ganancias.
i)  Los programas de intervención intramuros. Según el Informe de la Unidad de Investigaciones Criminológicas de GENCHI, un promedio de 20,78% de la población penada (egresada en 2010) que ha recibido algún tipo de intervención, ha reincidido en un periodo de 3 años, hasta en un 50% (Paz ciudadana 2011). Porcentaje que a juicio de quienes suscriben aumentaría notablemente si se considera el estudio de ex condenados no intervenidos. Lo anterior, es más que evidencia, que no es suficiente “algún tipo de intervención al interior de los recintos carcelarios”, sino que además se deben crear las redes de inserción a través de un trabajo considerando que a veces la Región en la cual vivirá tiene escasas posibilidades de brindarle un empleo; posibilitar la continuación de estudios o capacitación; brindarle el apoyo psicosocial para que adquiera hábitos laborales y cree un proyecto de vida. Igualmente se debe eliminar los antecedentes penales, según el decreto de ley 409, en los casos que los usuarios de la intervención muestren la voluntad de integrarse socialmente y alejarse del delito, para que la intervención logre sus frutos. Sólo así se aumentarán sus posibilidades de integración y reinserción laboral y por ende social, configurándose un círculo virtuoso que contribuye a la superación del problema, sobre todo para las personas que quieren enmendar su rumbo de vida. No es tan difícil suponer que esta población desprovista de oportunidades de inserción social, vuelva a delinquir. 

   En conclusión, la llamada delincuencia infanto juvenil tiene muchas causas en la base, que no se resuelven sólo con más castigos, más cárceles, más vigilancia, sino con una política pública que tiene la firme decisión de resolver los problemas que empujan a los niños y jóvenes hacia la delincuencia. Esperamos hoy reflexionar sobre estos temas y la forma de enfocarlos de tal forma que podamos aportar a la solución. Que tengamos una tarde muy productiva, disfrutemos de la compañía de nuestras visitas, y que al final tengamos mayor claridad sobre los siguientes pasos que daremos como Centro de Investigación, como observatorio, como investigadores y cómo ciudadanos.

La académica Sandra Riquelme, al referirse a la cobertura mediática en el proceso de formulación de la política penal de adolescente en Chile y Argentina, señala que dentro de este proceso interactúan diferentes actores, formales e informales, dentro del Estado y fuera del Estado. Entre estos actores ha seleccionado a uno, que se refieren a la cobertura mediática y el tratamiento que se le ha dado. Considera la Agenda Setting como modelo teórico a través del cual interviene y condiciona la opinión pública. No le dice a la gente que pensar, sino sobre que pensar y cuáles son los argumentos sobre lo que es importante o no lo es. Esto da cuenta del tratamiento que hace la prensa sobre los niños que son calificados como “delincuente”, semillas de maldad” incluso a niños de 5 años. Anteriormente el niño era mostrado en cuerpo completo (hasta 1920), Hoy el art 17 y 40, que concede un papel importante a los medios de comunicación, establece unos procedimientos de confidencialidad y de respeto a los niños.

Esto lleva a definir una política penal juvenil, con ciertos acuerdos en América Latina. Se crean un conjunto de reglas, que fijan el ejercicio del poder penal estatal, limitándolo a un conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que fijan el accionar estatal en función de determinados objetivos. Post Convención se descubre un clima de opinión que hay una tendencia a un endurecimiento de las penas a los niños y jóvenes, privación de libertar, mayor control, etc. basada en una sensación de temor de la población. Incluso en Argentina pidió la pena de muerte para jóvenes, razón por la cual ha sido sancionada por el Derecho internacional. Esto se da en un contexto específico determinado, donde los medios de comunicación explicarían la política pública latinoamericana, leyendo los dispositivos de poder existentes. Ej, Castel destaca la sociedad de riesgo, donde interesa gestionar el riesgo.

Al hacer un análisis documental de discursos periodísticos de diarios conservadores y diarios progresistas, se pudo comprobar que en Chile y Argentina, que entre 2000 y 2008, se debate sobre endurecimiento de penas, de acuerdo a víctimas, victimarios, políticos, en el primer y segundo párrafo y el título. Lo demás no importa. Los actores más importantes en Chile son los profesionales que trabajan con niños y jóvenes, los políticos y la víctima, en una mínima proporción. El discurso es principalmente punitivo y conflictivo, en los diarios conservadores, y garantista en los diarios progresistas. El discurso integrador, sanador es el que menos aparece. En los políticos prima el discurso punitivo y conflictivo, empujando a la ciudadanía a tomar justicia por sus propias manos, como acaba de suceder. Llama la atención que los centros de pensamiento influyo principalmente Fundación Paz ciudadana, Fundación (85%), Instituto libertad y Desarrollo, Jaime Guzmán, Instituto Libertad, y no las universidades.

María Raquel Lara R., y Amelia Gaete T., caracterizan la delincuencia común adulta e infanto-juvenil en Chile, según regiones y comunas, a partir del análisis de datos secundarios sobre denunciados y aprehendidos por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)5, drogas y Violencia Intrafamiliar, enlazada a variables demográficas y socioeconómicas, entre 1992 - 2014.Aplican metodologías descriptivas y análisis multivariante de interdependencias con análisis de clases latentes, correlación y regresión múltiple. Los resultados se interpretan aplicando las teorías de la Economía Informal Alternativa ilegal (D. Cooper, 1999, 2001), y los enfoques de la Escuela ecológica de la Delincuencia de D. Herbert (1977). Afirman que la delincuencia, es un fenómeno en crecimiento en América Latina y el problema más importante del país, que está presente en la agenda gubernamental, en la población que sufre los efectos de la inseguridad ciudadana, en los medios de comunicación social que magnifican los hechos de violencia propia de la delincuencia común, y últimamente denuncian los delitos de cuello y corbata, quedando encubiertos los de la élite del poder político y económico. Destacan la delincuencia común, adulta e infanto juvenil, propia de sectores deprivados económicamente, en sociedades capitalistas neoliberales, las cuales, por su estructura, no son capaces de incorporar a las clases marginales al sistema económico formal, generando problemáticas tales como desempleo, informalidad laboral, desigualdad socioeconómica, marginación, inequidad, entre otros indicadores asociados. En este escenario, determinados individuos incurren en conductas delictivas y generan una economía informal alternativa e ilegal, a objeto de obtener ingresos para sus hogares ya deprivados, como práctica de sobrevivencia.
Amelia Gaete señala que entre 1992 y 2011 la delincuencia adulta e infanto ha crecido en un 368,8% en el año 2003 y un 585,5% en 2011. La tendencia es que el mayor porcentaje sea ejercido por varones (81%), predominando el delito de hurto, seguido por el de robo, lesiones y drogas. Sin embargo entre 2010 y 2014 después del hurto adquiere mayor importancia el delito de lesiones y drogas y luego el robo. El 25,8% tienen como actividad “sin profesión”, seguido por el 23, 2% de obreros, el 13,8% estudiantes seguidos por empleados, otros no especificados, y comerciantes, variando entre 2010 a 2014 a sin profesión, empleados, obreros, estudiantes, otros no especificados y oficios. El 78,1% son solteros seguidos por el 20,6% de solteros, siguiendo ese mismo orden entre 2010 y 2014. El 53% de los aprehendidos tiene cursada la enseñanza Media, seguida por 39,4% de Enseñanza Básica y un 5,3% Educación Superior, manteniendo este mismo orden entre 2010 y 2014. Estas características permiten asumir que la teoría de la Economía Alternativa e ilegal se cumple en Chile, donde la gran cantidad de personas que ejerce la delincuencia común e infanto juvenil provoca un daño muy exiguo a la sociedad, mientras la delincuencia de cuello y corbata causa un daño intermedio, y los delitos en que incurre la élite del poder económico y político es el que causa el mayor daño económico a la sociedad.
  
M. Raquel Lara R, señala que de acuerdo a los resultados obtenidos mediante un análisis de clases latentes y regresiones lineales múltiples, incluyendo tasas de denuncias, de aprehendidos y  DMCS (Carabineros de Chile, 2011); y como variables explicativas el índice de masculinidad, porcentaje de población que no pertenece a una etnia, índice de dependencia, ratio de hogares monoparentales / biparentales, porcentaje de mujeres jefas de hogar, edad en que nació el primer hijo, ingreso monetario percápita del hogar, tasa de pobreza comunal, tasa de desocupación y total de población (CASEN,  2011) se agruparon las comunas  de Chile en  6 regiones criminógenas con: 

  1: Muy altas tasas de denuncias, 
  2: Altas  de denuncias, 
  3: Tasas medias de denuncias, 
  4: Tasas medio bajas de denuncias, 
  5: Tasas bajas de denuncias 
  6. Tasas muy bajas de denuncias. 
    
    Según tasas muy altas de denuncias. Mayor incidencia del robo en lugares habitados y hurto. Le siguen lesiones leves, robo de accesorio de vehículo, robo con violencia e intimidación. Todos los delitos suman una tasa de 5.019,85 por cada 100 mil habitantes. Concentra en un pequeño número de comunas (4,63% de las 324 comunas estudiadas): De la Región de Valparaíso (72,7% de los denunciados): Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Papudo, Quintero, Santo Domingo y Zapallar y San Felipe, que igualmente desarrolla el cultivo de frutas y verduras de exportación y Llay Llay principalmente agroindustrial (fruticultura y agricultura), de la Región de Antofagasta (20,59%: Tocopilla :por el cobre y luego por el salitre), María Elena y Mejillones; en la Región de Atacama (6,6%): la comuna de Caldera
   
   Según tasas altas de denuncias. Es un grupo de comunas escasamente mayor al grupo anterior (7,10% del total), en las cuales predomina el hurto, seguido por el robo de accesorio de vehículo, robo con violencia e intimidación, lesiones leves, robo de vehículo, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y robo con sorpresa. Todos los delitos suman una tasa de 5.328,09 por cada 100 mil habitantes. Casi el 65% de estas comunas pertenecen a la Región Metropolitana, con las comunas de Lo Barrenechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Santiago, Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, San Miguel, La Cisterna y Calera de Tango. Le siguen la Región de Valparaíso con 8,52% (comunas de Viña y Valparaíso); Tarapacá 8,52% (Camiña e Iquique); Región de BioBío 8,35% (Concepción y los Ángeles); Región Libertador Bernardo O’Higgins 6,27% (comuna de San Fernando) y Región de Coquimbo 4,26% con la comuna de Higuera. En estas comunas el número promedio de habitantes es de 123.588. El índice Gini de 0,47, muestra el más alto nivel de desigualdad del total de las comunas estudiadas


  
  Comunas con tasas medio altas de denuncias. Concentran un 20,68% de las comunas en estudio donde predominan denuncias por hurto, lesiones leves, robo en lugar habitado, robo con violencia e intimidación, robo de accesorio de vehículo, y robo de vehículos que en total suman una tasa de 2.759,90 por cada 100 mil habitantes. Estas se encuentran ubicadas en las Regiones Metropolitana (40,35%),comuna de Pirque; Valparaíso, (13,53%) comuna de San Esteban; Biobío (12,40%) comunas San Carlos, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Cañete y Santa Bárbara; Coquimbo (el 5,99%) comuna La canela; O’Higgins (5,27%), comunas Pichilemu, Pumanque, Las Cabras, Coltauco y Doñihue; Los Lagos (4,50) comuna Puyehue, Ancud, Quellón;  Maule (4,49%), comunas Río Claro, San Javier y Longaví; Atacama (Comunas Tierra Amarilla); Araucanía (Lumaco, Nva. Imperial, Saavedra, Toltén, Loncoche y Villarrica); Los Ríos (Panguipulli).El promedio de habitantes es de 148.475, y el índice Gini de 0.45.


   Por razones de tiempo solo se refiere a las características crimonógenas en las comunas con muy altas tasas de denuncias a partir del cruce de datos de aprehendidos, denunciados y conducidos entre 2010 y 2014, incluyendo los delitos de drogas y Violencia intrafamiliar.


    • Entre 2010 y 2014 se ha mantenido con escasas fluctuaciones en la misma situación con valores que fluctúan entre 632 casos de delincuencia infanto juvenil en 2013 y 692 en 2011, mientras la delincuencia adulta la cifra más baja es el 2010 (5746 casos, y la más alta en 2014 con 6136.
    • En relación a la población estudiada, el 73% son aprehendidos, el 26%, denunciado y el 0,2% son conducidos.
    • Al clasificarlas por sexo, en el 81,5% de los casos participan varones (89,8) en Santo Domingo y 76,3 en Papudo), y el 18,5% mujeres.
    • En cuanto a los delitos por los que son aprehendidos, denunciados o conducida, la violencia intrafamiliar alcanza el 25,1% de los delitos, seguidos por lesiones (20,6%), contra la ley de drogas (18,8%), hurto (14,8%) y el robo (13,4%).
    • Al diferenciarla por edad, en un 0,5% de las situaciones criminógenas participan niños menores de 14 años, y 9,5% entre 14 a 17 años. Vale decir, el 10,1% de esta población son menores de edad, mientras el 12,3% tiene entre 18 y 20 años, y el 77,6% son mayores de 21 años, lo que corresponde al 89,9% del total.
    • Los delitos en que participan los niños y jóvenes en un 41,2% es el robo, seguido por los daños a la propiedad (25,4%), Drogas (25,2%), Hurto (23,8%), Violación (22,5%); Lesiones (22,4%) y homicidio (15, 2), mientras los adultos en VIF (91,1%), homicidios (84,8%), lesiones (77,6), Violación (77,5), Hurto (76,2%), drogas (74,8%), daños (74,6%) y robos (58,8%). Vale decir, la mayoría de los delitos especialmente violentos.
    • Según profesión u oficio, el 65,8% de los niños y jóvenes son estudiantes, sin profesión u oficio un 16,7%, no especificado e l6.6%, obreros un 6,4%,  empleado 2,6%, el 1,6% se declara cesante y 0,2% oficio y 0,2% comerciantes. Los mayores de 18 años, obreros (30,98%), empleados (29,58%), sin profesión (15,86%), no especifica (7,2%), Estudiantes (4,37%), comerciantes, 4,04%, choferes (2,79%), cesante (2,7%), profesionales (1,60%), y oficios (1,25%)
    • Los niños y jóvenes en un 66,8% tienen educación media, 31.1% educación básica, 1,7% no especificado y sólo un 0,2% respectivamente tienen estudios superiores y analfabetos.  Los adultos en un 73,5% tienen educación media, un 18,3% educación básica, un 6,5% estudios superiores, no especificados (1,4%) y 0,3 analfabetos.
    • Los niños y jóvenes son solteros (98,31%), no especificados (1,48%), y casados (0,21%), los adultos, son solteros en un 74,6%, casados (23,5%), 1,1 no especificado y 0,7% viudos.  
    El paso siguiente, debe ser descubrir en qué espacios concretos dentro de las comunas se ubican los niños y jóvenes, "ejercicio que hemos realizado para el año 1999 sobre un mapa de diferenciacion social de 1992 y para el año 2002". Como plantea la escuela ecológica de la delincuencia, "es posible descubrir donde viven los niños, por la necesidad de permanecer cerca de sus padres o mayores", o de los grupos que les acogen. De acuerdo a David Herbert, estos niños viven enfrentando un ciclo entre la pobreza y la delincuencia, donde conviven con tres entornos ecológicos, un entorno social personal, donde tienen mucha importancia las influencias recibidas por ellos desde la niñez, en el interior de su familia, en la escuela, en la calle, en los medios. De este depende los principios, valores, actitudes, e incluso su salud. Si volvemos a los tipos de delitos que observamos en la primera región criminógena, principalmente violentos en contra de otros (VIF, lesiones, homicidios, daños, etc), evidentemente aprenderá que esa es la forma de relacionarse con los otros, además de percibir que generalmente es castigado mas que otros, sólo por ser pobre. El segundo, es el entorno social impersonalque se relaciona con el status socioecónomico de su familia, del tipo de empleo y salarios que obtenían sus padres, las posibilidades o no de ascender socialmente, y el entorno construido, la vivienda en que vive, la cantidad de personas que viven en la vivienda, la posibilidad de mejorarla o adquirir una vivienda propia.No se puede asegurar que haya una relación directa entre la pobreza y la delincuencia, sin embargo, la mayoría de los niños y jóvenes trangresores de ley  proviene de lugares de pobreza o de extrema pobreza

    Vale decir con este método podemos descubrir las especificidades de la delincuencia infanto juvenil, versus delincuencia adulta por comunas del país y direccionar en forma más efectiva, por una parte las investigaciones a nivel comunal y urbano, que debieran hacerse en función de las familias, los niños que participan en actos delictivos, como para elaborar políticas públicas que tiendan a resolver el problema poniendo atención a todos los aspectos que empujan a los jóvenes o a los adultos a delinquir, presentes en los espacios criminógenos.



    Line LeBlanc y Annie Aimée, del Départamento de Psicoeducación y de psicología de la Universidad de Québec en Outaouais, Canadá, se refieren a la Psicoeducación, como modelo de intervención, una disciplina y un programa de formación. Destacando la evolución de ésta disciplina en Canadá desde creación en Boscoville, de un centro para jóvenes delincuentes en 1941, las conceptualizaciones de Guindon y Gendreau, padres fundadores de esta disciplina, quienes desarrollaron en 1952 métodos de intervención científicos; en 1964, la creación de una revista de Psicoeducación; de una escuela de Psicoeducación en 1971, en la Universídad de Montréal, y desde el 2000 la Orden profesional de psicoeducadoras y psicoeducadores (OPPQ). Definen a la psicoeducación como un enfoque de evaluación y intervención dirigida a potenciar las capacidades adaptativas de la persona a las condiciones del medio ambiente, con el fin de que el sujeto que es apoyado logre una adapación óptima. Como modelo de intervención, enfatizan la relevancia del papel del educador (Los psicoeducadores), como profesionales que privilegian la acción en terreno; énfatizan la interacción cotidiana, como un espacio privilegiado de aprendizaje, respecto de otras formas de relación de ayuda y se apoyan en la vivencia educativa compartida (OPPQ, 2001), describiendo los papeles relacionales o características del educador que constituyen su saber ser y que generan contextos favorecedores del desarrollo. Señalan que los elementos estructurantes de la Psicoeducación son esquemas relacionales, operaciones profesionales y estructura de conjunto.  En los esquemas relacionales esta en el centro la empatía lo que implica tener en cuenta actitudes de consideración del sujeto que se guia, de seguridad, confianza, disponibilidad y observe congruencia entre lo que dice y hace el educador.  Jacques Dionne propuso un modelo de supervisión clinica centrada en las operaciones profesionales psicoeducativas, que sigue un ciclo que comienza en la observación, y sigue en la evaluación para la pre-intervención, la planificación de las actividades, y acusiosa organización de las mismas, la animación para estimular al jóven a querer hacer los cambios, la utilización de lo aprendido en la vida cotidiana, y una muy buena comunicación entre los intervinientes. Vale decir, el educador(a) que interviene en contexto de prevención o de readaptación, esta él/ella mismo(a) en el centro de una red compleja de colaboradores, que puede incluir a otros miembros de su equipo, profesionales de su organización o de organizaciones afines, los padres del niño o el joven y muchas otras personas significativas, por lo que la comunicación entre ellos es indispensable para una adecuada intervención. La finalidad de la Psicoeducación entonces es la adaptación psicosocial, que reside en el hecho que el individuo, sometido a múltiples agentes estresantes, trata de mantener su equilibrio y satisfacer sus necesidades  » (OPPQ, p. 12); el desequilibrio dinámico (Renou 2004) que consiste en desestabilizar para reencontrar una eficacia de acción y un funcionamiento más satisfactorio (actividades, desafíos) y El PAD  y el PEX:  un proceso adaptativo para las actividades (PAD: el potencial de adaptación del sujeto – fuerza vital para adaptarse y PEX: el potencial experiencial de la actividad y finalmente un  llamado al movimiento y nivel de conveniencia entre ambos.


    Ricardo Pérez Luco explica el Modelo Mul­ti­di­men­sio­nal de Inter­ven­ción Dife­ren­ciada con Ado­les­cen­tes (MMIDA). Señala que es un modelo teó­rico de base empírica construido progresivamente por investigadores UFRO sobre la base de la evidencia acumulada a nivel internacional en los estudios de Modelo de Riesgo, Criminología Evolutiva y Psicoeducación. Es a su vez una metodología para la diferenciación del comportamiento delictivo en la adolescencia, que permite determinar orientaciones de intervención focalizadas que atienden a las necesidades específicas de cada caso (en principio varones); una práctica de trabajo ecosistémica que vincula la intervención directa con los adolescentes con la implementación de políticas públicas vinculadas a la justicia juvenil, mediante estrategias de gestión y trabajo en red y de fortalecimiento comunitario, y un programa de formación especializada que define competencias necesarias y diferenciales para los diferentes interventores directos y estrategias para su formación, evaluación y supervisión. Señala que el modelo surge de la investigación acción, mediante metodologías cualitativas y cuantitativas con el propósito de generación de conocimiento y transformación social. Se trata de descubrir la cifra negra, la delincuencia transitoria y persistente (Farrington, Löeber, Moffit, Andrews y Bonta, Fréchette y LeBlanc 1978-2012). Informa que mediante un metanálisis se pudo comprobar que existen factores de mayor peso predictivo Andrews y Bonta (2006), como la historia de conducta antisocial (El involucrarse temprana y continuamente en un número y variedad de actos antisociales y en distintos escenarios), los patrones de personalidad antisociales (Impulsividad, búsqueda de emociones intensas irresponsable, bajo autocontrol y alta agresividad), la Cognición Antisocial (Actitudes, valores, creencias y racionalizaciones que soportan las conducta criminal; estados cognitivo-emocionales de ira, resentimiento y desafío; conflicto entre una identidad delictiva y una reformada o anti-delictiva), los pares con conducta antisocial (mucho contacto con sujetos con compromiso delictivo y aislamiento de los que no lo tienen; soporte social inmediato a conductas criminales).  En un estudio de seguimiento en Chile 2009-2011 con 101 adolescentes infractores reincidentes (Alarcón, Wenger & Chesta, 2012 (Predicción AUC =0,73.) se pudo comprobar que hay una serie de factores como el abuso de sustancias (Delinque bajo el efecto de la drogas), Pares con compromiso delictivo  (mucho contacto con sujetos con compromiso delictivo y aislamiento de los que no lo tienen); Desenganche escolar (abandona la escuela progresivamente y ausencia de intereses de formación o capacitación); Baja supervisión familiar (La familia no se entera ni participa en actividades del o la joven y Familia o Pareja incentivan actuar delictivo indirecta o directamente); Baja presencia de recursos o intereses (baja competencia social, escasas habilidades sociales y  baja proyección a mediano y largo plazo, pocos intereses) que influyen directamente en el origen del acto delictivo en niños y jóvenes. 

    De acuerdo a la investigación realizada, el Modelo Multidimensional de Trayectorias Adolescentes evoluciona desde unas características de personalidad que conducen al niño o joven a factores protectores y oportunidades de desarrollo, que lo direccionan a comportamientos adaptativos o comportamientos transgresores, o bien a eventos de vida estresantes, factores de riesgo criminógeno, que  lo conducen a un comportamiento delictual y a la reincidencia delictual. Las dimensiones relevantes de la evaluación son los comportamientos desadaptativos y prosocial, los riesgos contextuales y criminológicos, y las variables psicológicas. La metodología tiene múltiples dimensiones y mediciones. Entre las mediciones focalizadas están los factores de riesgo criminógeno, factores protectores, variables psicológicas y conducta social.   Entre las estrategias de evaluación esta la pre-entrevista por autoreporte, entrevista guiada, instrumentos actuariales, y juicio profesional estructurado.Para la Identificación y caracterización de trayectorias delictivas persistentes, puede ser 1. Normal Desviada “TND”, 2. Pasiva Desesperanzada “TPD”, 3. Explosiva Autodestructiva “TEA”, 4. Antisocial Estabilizada “TAE”, 5. Transgresora Vinculada “TTV”. Contiene un Modelo de evaluación diferenciada; Orientaciones para la intervención por trayectoria, un Programa de formación especializada y Criterios para la intervención en Redes en todos los niveles. Entre los factores predictores de riesgo están: La Delincuencia Compleja (4%), asociada a problemas de Salud Mental y delitos sexuales; la Delincuencia Persiste (28%) que sigue una trayectoria 1 como normal desviada, 2) Pasiva desesperanzada, 3) Autodestructiva, 4) Antisocial Estabilizado y 5) Transgresora Vinculada  y la delincuencia transitoria (68%), que es inicial y episódica.

    Se refirió además a las proporciones y sentido del consumo, a la diferenciación por delitos y sanciones, al balance de riesgos y recursos en trayectorias delictivas, al formato de los instrumentos para poder evaluar las tres áreas señaladas, a los Instrumentos incluidos en el protocolo, a las etapas del proceso de diferenciación según tipo de delincuencia, a la profundización y resolución de la trayectoria delictiva, a los Desafíos de intervención, Niveles de supervisión: Matriz de intensidad, frecuencia y duración de la ID




    ALBA ZAMBRANO CONSTANZO, con la ponencia, INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES INFRACTORES DE LEY EN MEDIO ABIERTO: DESAFÍOS Y PROPUESTA MODELO DE REDES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO (MMIDA).

    Comienza señalando que implementar el MMIDA supone: Responder a las necesidades del desarrollo y atender a los riesgos de reincidencia, Diseñar estrategias adecuadas paracada adolescente independiente de la sanción en que se encuentre y optimizar recursos humanos, técnicos y materiales, y que deben ser diferenciadas para atender a adolescentes de acuerdo a las tipologías de trayectorias delictivas en las que ellos se ven involucrados, al mismo tiempo que integrales o multimodales para atender a la complejidad de los procesos de inadaptación en los que algunos de estos adolescentes se encuentran (Vulnerabilidades personales, Entorno educativo, Familia en Riesgo, Comunidad en Riesgo,u Oferta programática Iatrogénica). La Estrategia ecosistémica especializada de intervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley, requiere de recursos y condiciones contextuales “Coherencia Sistémica”, Abordaje especializado multinivel (Familia, pares, comunidad, instituciones); Evaluación diferenciada multinivel (Intervención diferenciada). 


    Como marco referencial, considera los niveles de riesgo versus protección. Redes Focales (Joven y sus redes más próximas); Comunidad (Dimensiones de la comunidad); Fragmentación social y conflictos, Escasa participación y desorganización, Estigmatización e identidad barrial negativa, Normas comunitarias (falta de normas, normas que favorecen lo contracultural), Acceso a drogas legales e ilegales, Disponibilidad de armas Características negativas del entorno socio espacial: Redes institucionales iatrogénicas (descoordinación, sobre intervención, interfaz negativa); el modelo general de redes (Perspectiva Estructural); los ámbitos de indagación (Protección y  riesgo); Problematización de la vinculación con pares; Consideraciones para la intervención en redes con DT(Delincuencia Transitoria); Redes diferenciadas (Estructura de redes a construir en el territorio) según las necesidades de intervención de los adolescentes; Consideraciones para la Intervención en redes con varios  tipos de delincuencia persistente); y los resultados un modelo general de redes con perspectiva territorial: Configuración de una red estable y formalizada a nivel Interinstitucional y Sociocomunitario que permita el fortalecimiento de los recursos del territorio y su utilización estratégica en procesos de intervención especializada con adolescentes infractores de ley. con equipos formados por un Gestor Psicosocial coordinados con otros equipos de inserción territorial, el Equipo LRPA especializado dedicado a la Intervención en redes e Intervención diferenciada y especializada y  por otra parte con organizaciones de base comunitarias que mediante la Acción Comunitaria promueven el fortalecimiento de la comunidad. Se trabaja desde un contexto preventivo, estimulando la vinculación de los programas de intervención diferencial y en red, la coherencia sistémica en la oferta especializada, y la organización de recursos comunitarios promoviendo la dinamización, participación y organización comunitaria.





















    [1] Marco para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Asociación chilena para las Naciones Unidas, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Fundación Margen, Instituto Interamericano del Niño, Ministerio de Justicia,Chile.
    [2] Manual de Capacitación, ídem.
    [3] Op. cit.
    [4] Op. cit.
    [5]  DMCS= Robo, hurto, homicidio, daño, lesiones, violación.